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 La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad la ley que declara la emergencia en el sector de la discapacidad hasta diciembre de 2027. La iniciativa, que había generado un amplio consenso entre las distintas fuerzas políticas, busca atender con urgencia la delicada situación que atraviesan los prestadores y beneficiarios del sistema, y apunta a garantizar la continuidad de los servicios esenciales.

La nueva norma contempla la asignación de fondos para saldar deudas acumuladas y mejorar los aranceles que perciben enfermeros, acompañantes terapéuticos, transportistas y otros actores clave en la atención de personas con discapacidad. Se trata de un paso importante para recomponer un sistema que venía siendo fuertemente cuestionado por demoras en los pagos y falta de recursos.

Además, en la misma jornada legislativa se votaron mejoras en el régimen de jubilaciones, incluyendo una recomposición de la moratoria previsional, lo que permitirá que más personas puedan acceder al beneficio. Ambas medidas se aprobaron en un contexto de creciente presión social y reclamos por parte de organizaciones civiles.

Otro punto relevante fue la reversión del veto presidencial al fondo de emergencia para Bahía Blanca, impulsado tras el devastador temporal que afectó a la ciudad en diciembre de 2023. Con este nuevo aval del Senado, se garantizará asistencia económica para la recuperación de infraestructura y servicios básicos.