En tiempos difíciles de transitar para las minorías, el Estado debe estar más presente que nunca; no hacerse el distraído. El veto presidencial a la ley que aseguraba financiamiento para el transporte, la educación y la inserción laboral de personas con discapacidad es un retroceso que duele, que margina y que condena. No se puede ajustar sobre los derechos sociales de las personas con discapacidad.
Me sumo al reclamo de miles de familias, organizaciones y ciudadanos que no piden privilegios, sino igualdad de oportunidades. La inclusión no es un gasto, es un derecho.
Sigamos luchando por una Argentina más humana. Por la Argentina del futuro
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